LA FIEBRE DE LAS REVOCATORIAS

Toda una fiebre para revocar autoridades se ha desatado en el Perú luego que la ONPE pusiera a la venta kits para la recolección de firmas que le permita al poblador común y corriente hacer uso de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano(Ley 26300).
Según información de la ONPE, el 3 de enero vendió 253 kits electorales para el proceso de revocatoria de autoridades, de los cuales 7 corresponden a Lima, es decir, igual número de personas u organizaciones buscan sacar del cargo a la alcaldesa Susana Villarán quien en su primer año de gobierno goza de una bajísima popularidad atribuida a los desaciertos de su gestión.
Hasta el 25 de mayo, es la fecha última para remitir los expedientes que cumplan los requisitos formales por parte de la ONPE al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La ley establece que el número mínimo de adherentes que se requiere para formular dicho pedido es equivalente al 25% de los electores de la circunscripción con un máximo de 400 mil firmas.
La gran pregunta es ¿cuántos de estas intenciones son legítimas o sólo obedecen a intereses particulares o partidarios?. Los procesos, muchas veces, son liderados por adversarios políticos que perdieron las elecciones municipales o regionales, por personajes que sólo buscan figurar en los medios de comunicación y mantenerse vigentes por intereses políticos más no ciudadanos, y por odios y rencillas con las autoridades que no tienen nada que ver con la gestión gubernamental.
Si bien la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano buscan, valga la redundancia, una mayor participación de la población en actos de fiscalización, hasta que punto se convierte en arma de doble filo, ya que más que fortalecer la institucionalidad la debilita, y de otro lado, distrae el quehacer de las autoridades quienes en un proceso de revocatoria estarán más interesadas en salvar su cargo, en el colmo de males con los recursos públicos, que en ejecutar obra en beneficio de su comunidad. Quiérase o no, se convierte en un año electoral donde se mueven muchos intereses en ambos lados.
Y es que tal situación puede ser atribuida a la falta de madurez cívica, pues existe poco conciencia que llegar a un referendo para tachar o ratificar a las autoridades, demanda grandes gastos al país.
Según datos de la ONPE, en las siete últimas consultas populares se solicitó la revocatoria de 3,367 autoridades municipales (740 alcaldes y 2,627 regidores), resultando revocadas 1,057 (31.3 %): 210 alcaldes y 847 regidores.
Queda entonces en los ciudadanos actuar con responsabilidad y no con interés para saciar apetitos particulares o partidarios, que atentan no sólo contra la ciudad y la región sino con todo un país que bastantes problemas ya tiene como para ir “botando” al agua recursos que bien pueden ser empleados en acciones más provechosas para los que menos tienen.