IMPLANTANDO LA CULTURA DEL MIEDO EN EL PENAL DE CHICLAYO

Pedir una mayor comunicación con los internos, le costó a Carlos Santa Cruz Alarcón ser recluido en la Celda de Meditación del Penal de Chiclayo durante 10 días, con un “informe de inteligencia” lapidario que advertía que el ex gerente de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Municipalidad de Chiclayo, era una persona de difícil readaptación.

Junto a su compañero Martín Villanueva Velezmoro, también ex funcionario edil, que se atrevió a pedir que las autoridades bajen con mayor frecuencia a conocer los problemas de la población penal,  y otro recluso a quien, ni siquiera conocían, fueron acusados y sancionados por el Consejo Técnico del Penal de Chiclayo de gestar una revuelta al interior de este establecimiento penitenciario.

El informe que sustentó su sanción estuvo plagado de “infamias”, “mentiras” y “difamaciones”. Se les catalogó de “cabecillas” de la protesta del 24 de marzo del 2017, en el patio del pabellón C, donde según técnicos del INPE, los ex funcionarios ediles azuzaban e incitaban a la población penal a rechazar la paila colocándole delante de las ollas. Aquella tarde, a los internos les sirvieron “pota” cuando les correspondía pescado frito.

Solo los técnicos del INPE alucinaron tal escena de violencia, en los escritos redactados y presentados ante el Consejo Técnico, el mismo que tras oír sus propias voces y desvirtuar a rajatabla los descargos (testigos y memoriales), tomaron la arbitraria decisión de sancionarlos por actos de indisciplina inexistentes desmentidos por más de 280 reclusos quienes firmaron un memorial aclarando que aquella tarde sólo hubo diálogo con las autoridades penitenciarias.

Inclusive sus compañeros de las cuadras C1 y C3 garantizaron a través de otros memoriales que Carlos y Martín durante los 30 meses que llevan recluidos presentan buena conducta.

Lo cierto es que aquel día, Carlos y Martín se encontraban en el interior cuando escucharon los reclamos de los internos bajaron al patio al percatarse de la presencia del director, sub director y jefe de seguridad. Luego salieron en defensa de los internos expresando lo señalado líneas arriba. Fueron testigos más de 200 reclusos.

El resto sólo sucedió en la "imaginación" de los acusadores quienes para  justificar la desproporción de la sanción sugerida de 30 días en el "hueco" y traslado a otro penal, agregaron al rosario de mentiras, que los "cabecillas" (Martín y Carlos) pedían libre tránsito entre pabellones, ingresos de paquetes a cualquier hora y visitas especiales.

La sordidez de los técnicos del INPE sobrepasaron todos los límites al inventar que días después del reclamo del 24 de marzo, vieron a Carlos y Martín tramando la revuelta por los pasillos. Pero la burda mentira no encaja considerando que los días señalados fueron días de visitas cuando los reclusos están más interesados en atender a sus familiares que preocupados por los problemas internos.

Además consignaron que se cocinaba la revuelta con cartas que llevaban los familiares a otros pabellones a través de su visita y que estaban mal asesorados por abogados al margen de la ley. Ni una prueba presentaron de tremenda acusación. Los familiares y abogados han anunciado que tomarán las acciones legales que correspondan para hacer valer sus derechos ante tanta infamia.

Inclusive, los “dichosos” informes de inteligencia advirtieron que siendo integrantes de la red criminal “Los Limpios de la Corrupción” cuentan con ingentes cantidades de dinero que estarían utilizando para comprar internos que declaren a su favor, aseveración que ni la misma Fiscalía ha podido corroborar hasta el momento porque no cuenta con los peritajes económicos- financieros correspondientes, sin embargo el INPE ya concluyó antes de la acusación y la sentencia.

El INPE, institución que se encarga de la readaptación de los internos para asegurar su incorporación a la sociedad, temerariamente ha determinado - sin ningún informe psicológico-  que Carlos Santa Cruz y Martín Villanueva, quienes aún están en calidad de investigados, son personas de difícil readaptación y por tanto ponen en peligro la seguridad del Penal de Chiclayo.

Señora Ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, siendo Carlos Licenciado en Periodismo y Martín Abogado de profesión, se levantan tremendas falsedades, imagine usted cómo puede ser avasallado un recluso que no tiene instrucción ni abogados ni familia que lo defienda.

Señor Pedro Pablo Kuczynski, Presidente del Perú, es inaudito que se utilicen prácticas tan arcaicas como “el hueco” para someter a castigo a los reclusos que cometen actos de indisciplina, más aún cuando son falsas e injustas. Acaso se busca inculcar la “Cultura del miedo” en el penal de Chiclayo con el consecuente mensaje “mira cómo hemos castigado a los ex funcionarios de la MPCH, a cualquiera que se atreva a reclamar le puede ir peor”.

Quién fiscaliza a los funcionarios del INPE que abusivamente se irrogan la autoridad de hacer con otro ser humano lo que se les antoje “empapelándolos” según su capricho y conveniencia.  Quién frena tanto abuso y arbitrariedad en el penal de Chiclayo.

Señora Ministra de Justicia tiene usted la última palabra. Destierre la cultura del miedo en los penales y sancione a los que haciendo uso y abuso de su poder actúan con total impunidad. Por lo pronto la defensa de Carlos y Martín han apelado la sanción y no pararán hasta que la injusta pena de 10 días para el primero y siete para el segundo, sea anulada porque es arbitraria, ilegal y abusiva. No callaremos por aquellas otras voces que no pueden ser escuchadas.